El Rol de Marcelo Ricardo Soza Álvarez en la Judicialización de la Política

ALBERTO J. MORALES VARGAS

Director General de IUS PRAXIS

Abogado litigante.

Esta semana se ha posicionado centralmente  en los medios de comunicación social y la opinión pública la noticia relativa a la salida de Bolivia del ex- fiscal MARCELO RICARDO SOZA ÁLVAREZ, no me ha sorprendido el hecho protagonizado por un personaje que sabe mejor que muchos hasta qué punto la Fiscalía y los órganos judiciales se hallan sometidos a los dictados del gobierno.

Marcelo Ricardo Soza Álvarez sabe -porque él ha sido parte activa- del modelo vigente de instrumentalización de la justicia penal con fines políticos.

Él sabe, por experiencia y experimentos propio, que, desde hace por lo menos seis años atrás, las decisiones de la justicia penal que competen a la jurisdicción o que corresponden al Ministerio Público, en los casos en los que el Gobierno se involucra -con pretensiones meta jurídicas-no las asumen los operadores de justicia, las deciden en diferentes esferas de poder ajenas-formalmente- al sistema judicial.

Soza, cuando fungía como fiscal del denominado caso terrorismo, negaba intromisión política en sus actuaciones, lo hacía lacónicamente, sin esforzarse en generar argumentos distintos a los que sostiene y sostenía el gobierno.

Las víctimas de la injustificada persecución penal dirigida, en su momento por SOZA, reclamaron desde un principio la falta de objetividad del accionar del Ministerio Público y la ausencia de independencia judicial, hoy, lo único novedoso del fenómeno de judicialización de la política, es que uno de sus serviles actores y protagonistas lo reconoce públicamente.

SOZA opta por salir de Bolivia cuando pesan en su contra por lo menos tres acciones penales, una en la que se ha dispuesto imputación formal y en las otras eludía prestar declaración para evitar ser imputado por falta de ésta. De algún modo Soza se ha debido enterar que perdió el poderoso respaldo político que durante años le garantizó impunidad para violar derechos y garantías fundamentales y que, de paso, le ha servido a él y a otros funcionarios de gobierno, policiales, judiciales y la fiscalía-particulares de por medio-obtener beneficios económicos indebidos, sea vía prebendas con origen en fondos públicos y también a través de extorsivas gestiones a particulares.

La nota que se atribuye a Soza, en cuanto a los hechos y el fenómeno de crisis dela justicia penal, no aporta ninguna novedad, lo importante es su valor como fuente, por quién lo dice: UN OPERADOR FISCAL AL SERVICIO DEL PODER POLÍTICO.

Dice, en la nota que se la atribuye, que ha tomado la decisión más difícil de su vida, ahora valora la libertad, reclama por garantías procesales plenas, cuando él tenía el poder y el respaldo para afectar la esfera de libertad y dignidad de otros ciudadanos, parece que las decisiones de esa naturaleza no le eran tan difíciles. Dice ser el boliviano  No.747 que solicita, asilo en Brasil, dato  que demuestra la crisis estructural del sistema de justicia en nuestro país, crisis a las que aporto eficaz y eficientemente Marcelo Soza.

Dice haber valorado  cuidadosamente los riesgos de una persecución política en su contra-algo de los que él sabe muy bien porque ha sido parte de ese esquema arbitrario de judicialización de la política y/o instrumentalización política de la justicia penal-justifica su ilegal y arbitrario accionar en este caso por la poco creíble expresión de que es un luchador por el derecho y la  justicia-claro está que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y, de algún modo, tiene que justificar sus criminales actos de corrupción y de anulación sistemática del sistema de garantías en este caso, violación de derechos y garantías que sus autoridades han convalidado, en un acto de sometimiento de la justicia al poder político. Pretendiendo mantenerse en un status de privilegio y abuso de poder  se queja de que el gobierno hace oídos sordos -a sus exigencias de proteccionismo por sus fechorías por haber sido “leal” al ejecutar las consignas de gobierno en el caso Terrorismo- se queja del Gobierno-según él- porque simplemente calla y permite que se le persiga penalmente como un vulgar delincuente -pesan en su contra suficientes elementos de convicción para atribuirle responsabilidad penal en la comisión de los delitos por los que está siendo investigado-, claro está que SOZA pretendía que el Gobierno, como lo hizo en el caso Terrorismo, direccione arbitraria y abusivamente los procesos penales en su contra para garantizarle la impunidad que cree merecer.

Señala también, lo que se denuncia ante autoridades nacionales y organismos internacionales desde hace tiempo, que es el gobierno del MAS que durante años alentó sus abusos en el caso, confiesa, lo que durante 4 años y 11 meses ha negado sistemáticamente: QUE EL GOBIERNO le pedía -A SOZA- hacer una serie de acciones y actuaciones procesales, ilegales, arbitrarias e injustificadas de involucramiento a gentes inocentes que son opositoras al MAS.

Conocedor de la eficaz y arbitraria influencia del Gobierno en la justicia boliviana y conocedor también de la pérdida de respaldo gubernamental, expresa su temor por la falta de independencia e imparcialidad de la justicia y huye del país, confesando el ejercicio de su rol servil al Gobierno, servilismo del que los jueces de instrucción, Tribunales de Sentencia y Vocales que han conocido del caso,  son parte nefasta.

Los hechos dados a conocer por SOZA, son hechos criminales, se constituyen en delitos de acción penal pública, por lo tanto perseguibles de oficio por el Ministerio Público.

Son tan graves los hechos delictivos denunciados públicamente que afectan la esencia misma del Estado de derecho, denotan abuso de poder, limitación de derechos y garantías, sometimiento del órgano judicial y del Ministerio Público al órgano ejecutivo, sin embargo, ningún Fiscal ha sumido su rol ni ha cumplido su deber de persecución penal de oficio.