Rafael López
DIPUTADO NACIONAL
Desde hace muchos años, pero
sobre todo desde la llegada del MAS al poder, los avasallamientos de las
tierras productivas del oriente boliviano se han vuelto cada vez más
recurrentes y peligrosos. Para entender los pormenores de la hoy denominada
‘lacra de la era moderna’, es necesario transportarnos a los hechos históricos
que desencadenaron el acarreo de gente a estas zonas.
La problemática del asentamiento
de colonos data desde la década del ‘50, cuando con la reforma agraria se abrió
una ventana para que las familias indígenas del occidente puedan dejar sus
áridos pueblos ancestrales y trasladarse a los fértiles llanos del trópico,
oriente y la Amazonía.
La revolución boliviana de 1952
fue un momento crucial en la historia del país. La agitación revolucionaria en
el campo dio lugar a una de las reformas agrarias más drásticas de América
Latina. Marcó el inicio de una era de profundas transformaciones en el tema
agrario a lo largo de las décadas del 60 y 70. El campesinado logró sus
reivindicaciones derrocando el sistema tradicional del cacicazgo.
Desde entonces, en Bolivia el
asunto de la tierra se centró en la discusión política como en ningún otro
país, ya que esta problemática se articuló con las demandas étnicas de
territorios indígenas, la toma de parques nacionales protegidos y los
avasallamientos de terrenos productivos que tenían legítimos propietarios.
So pretexto de ‘reforma agraria’
y de pobreza rural persistente, miles de campesinos llegaron hasta el oriente y
se posicionaron en predios, crearon fundos y se inventó la palabra de tierra
fiscal.
Si bien la esencia de la
revolución de 1952 tenía como principio combatir el latifundio improductivo y
promover una estrategia de desarrollo que sea capaz de ocuparse de los más
pobres y desprotegidos, muchos vivillos, vividores y malintencionados
dirigentes políticos e indígenas, aprovecharon este justo movimiento popular
para tomar por la fuerza lo que no les pertenecía y sacar réditos favorables a
sus propios intereses.
Desde esta era, ya se comenzaron
a armar mafias organizadas con la intención de ‘conquistar el oriente’. Esta
ola de colonización espontánea llegó a ser dominante.
Sin embargo, la ‘conquista del
oriente’ consolidó dos estructuras productivas que correspondían a dos formas
de propiedad de la tierra. En los andes occidentales, la producción de la
familia siguió ligada a la propiedad de escasa superficie de tierra bajo la
tutela organizativa de las comunidades indígenas, mientras que en los llanos
del oriente las agro-empresas experimentaron una rápida expansión, concentrando
la mayoría de la tierra del país apta para las cosechas, el pastoreo y el
manejo forestal. Desde entonces, estos dos modelos extremos se han dado la
espalda el uno al otro, coexistiendo sin llegar a interactuar, por lo que la
Reforma
Agraria boliviana fracasó en
alcanzar su objetivo de reducir la pobreza rural, y más bien incentivó a la
toma de propiedades consolidadas en la producción.
Ahora en nuestros tiempos, los
alarmantes casos de avasallamientos están más y mejor organizados que antes. Y
esta vez no existe la excusa de ‘colonización’ o ‘Reforma Agraria’,
sencillamente son tomas ilegales que tienen la venia del gobierno indígena de
turno.
El temor de la mayoría de los
empresarios y vivientes del oriente boliviano cuando Evo Morales llegó al poder
en el 2005, se ha vuelto una realidad palpable y latente. Mafias organizadas,
con planos digitales, aparatos de GPS, fotografías, dimensiones y
especificaciones, toman ilegalmente las tierras cultivadas de Santa Cruz, sin que
ninguna autoridad haga algo al respecto para frenarlo. Es más, siendo que
existen muchísimas órdenes judiciales de desalojo, la policía no actúa porque
no recibe la orden del Ministerio de Gobierno para su ejecución.
Como ejemplos de estos casos de tomas
digitadas por autoridades están los de las zonas de 4 Cañadas, Limoncitos, La
Campana, El Tinto, Los Reyes y Río Verde, etc. En Santa Cruz, son 82 los
predios productivos tomados actualmente.
El director del INRA, Jorge Gómez
Chumacero, está denunciado ante el Ministerio Anticorrupción por uso indebido
de influencias e incumplimiento de deberes. Los inspectores técnicos del INRA
están imputados por fraguar informes. El comandante departamental de la Policía
está denunciado por no ejecutar órdenes de desalojo. El Ministerio de Gobierno
está en el ojo de la tormenta por las cientos de denuncias de tomas, robos y
destrozos en los predios, y esta repartición del Estado se hace de la vista
gorda.
Lo mismo sucede con el
Viceministerio de Tierras, que está acusado de dirigir a grupos de gente para
tomar zonas productivas que extrañamente en menos de un mes el INRA las
convierte en fiscales.
Abogados como Mary Peredo y Jimmy
Montaño coinciden en señalar la existencia de mafias manejadas por un ‘capo di
tutti capi’ que ya tienen identificado. Lo mismo señalan los presidentes de la
CAO y Anapo, Julio Roda y Demetrio Pérez, quienes no se cansan de afirmar que
existen seis bandas organizadas que son las encargadas de llevar adelante la
‘conquista del oriente’ en tiempos modernos.
Pero cómo actúan estas mafias
organizadas. En una breve explicación de los entendidos, sostienen que desde
‘arriba’ reciben la orden de atacar un predio específico. De entrada, el INRA
recorta la mitad de la propiedad para saneamiento a los legítimos dueños. La
otra mitad que queda para el agricultor es avasallada; entonces el productor
tiene que dejar de lidiar con el INRA para pelear con los ‘sin tierra’, que son
los mismos de siempre que van de predio en predio tomando las zonas y fundando
comunidades inexistentes, ficticias e ilegales, con cerca de 100 personas que
son pagadas para hacer esta chicanería.
Al menos esto es lo que ha pasado
en las colonias menonitas de El Tinto, Los Reyes y Río Verde, que han sido
tomadas por más de un centenar de personas que han llegado del interior para
posesionarse en estos predios productivos de manera ilegal y delincuencial,
bajo la complicidad de funcionarios del INRA con los avasalladores, porque
declararon que estas tierras eran fiscales, siendo que un mes atrás tenían
legítimos dueños.
Las comunidades creadas por los
avasalladores han sido la 31 de Octubre, Guayacán y El Trébol, que no tienen ni
personería y no cumplen con la reglamentación.
Asimismo, otro alarmante caso de
avasallamiento de tierras fue denunciado por productores agrícolas del
municipio de Cuatro Cañadas por grupos inescrupulosos que estarían incitando a
la toma de predios en la región.
Con frases como “queremos
recuperar nuestras tierras como bolivianos” o “vamos a solicitar la segunda
reforma agraria para el oriente”, los comunarios han tomado estas tierras
izando la whipala.
En el caso de Los Limoncitos,
donde los avasalladores fueron desalojados a la fuerza, la situación es
distinta, porque en este sector los grandes productores se organizaron y ante
el escándalo público las autoridades tuvieron que actuar por obligación. Sin
embargo, en las otras zonas que pertenecen a los menonitas o a grupos que no
ostentan poder, la figura no es la misma, porque aquí los avasalladores hacen y
deshacen sin que nadie defienda a los avasallados, que además son agredidos por
estos colonos.
Las mafias de ‘toma-tierras’ son reales y están
en plena operación. Sólo la unidad de la masa productiva y las verdaderas
comunidades asentadas en las zonas podrá frenar esta lacra, que cada vez está
más cerca de lograr su tan codiciada ‘conquista del oriente’.
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