martes, 20 de mayo de 2014

La autonomía departamental, ¿logro o fracaso?

Delmar Méndez
Ex Asambleista Departamental

Hay quienes cuestionan los logros de la autonomía y del Estatuto por los que Santa Cruz se movilizó en sendos cabildos multitudinarios y un referéndum departamental.  Se dice que no se logró nada, e incluso que hasta hubo un retroceso.

Por justicia histórica y consecuente con la verdad, es indispensable recordar que, a partir del 4 de mayo de 2008, se inició desde Santa Cruz un proceso autonomista basado en el Estatuto por el que se votó mayoritariamente (86 por ciento).

La autonomía que se estableció y aplicó, por incipiente denominada “al andar”, es la autonomía que se desarrolló durante la vigencia a la República de Bolivia. El Estado Plurinacional, había sido fecundado, pero todavía no había nacido. Esta autonomía, a la cruceña, se fue haciendo nacional, pese a la resistencia de un régimen autocrático y marcadamente centralista.

La autonomía cruceña logró hacer que los prefectos, y luego el gobernador, sean electos por voto popular y no designados por el centralismo, se creó una Asamblea Departamental con potestad legislativa (impensable para aquel momento), se aprobaron y ejecutaron importantes leyes verdaderamente autonómicas, como la Redistribución de Regalías, siguiendo el modelo 50-40-10, favoreciendo con ello los ingresos de las provincias y los pueblos indígenas; la Ley de Diálogo que proyectó la gestión del departamento estableciendo prioridades de desarrollo, la Ley del Desayuno y Almuerzo Escolar, obteniendo rendimientos escolares extraordinarios con la erradicación de la deserción estudiantil, entre otras.

Durante la vigencia del Estatuto, la autonomía de Santa Cruz, recorrió toda la geografía departamental, llevando progreso y mejorando la calidad de vida de los habitantes, mediante la ejecución de 700 proyectos desarrollo económico y social, sin la interferencia perniciosa y burocrática del centralismo.

Los éxitos de la autonomía, tanto por los réditos en la gestión y administración departamental, como por su eficiente modelo de organización del poder en la estructura democrática nacional, fue asimilado en el sistema político boliviano, lográndose que la autonomía cruceña, emulada del Estatuto del 4 de mayo, sea incorporada en la Constitución Política del Estado.

Los cabildos, el referéndum y toda la movilización por la autonomía, habían logrado su objetivo: se nacionalizó y se constitucionalizó. La autonomía se impuso en las urnas, se impuso a gritos de coraje a los pies del Cristo Redentor.

Finalmente, la aceleración autonómica no fue la misma al correr el nuevo Estado. El gobierno nacional, que se opuso tenazmente a la autonomía y hasta hizo campaña en su contra, se apropió del discurso autonomista. Pero se la apropió para aplicarla mal y tergiversarla. La Ley Marco de Autonomía, dejó en suspenso la aplicación del Estatuto votado el 4 de mayo.

La paradójica tarea que se estableció,  y aún queda pendiente, es adecuar un Estatuto, aprobado por el 86 por ciento de la población, para adecuarlo a una Constitución rechazada por el 65 ciento de los cruceños.

Si en algunos círculos de opinión existe la sensación que “no se logró nada” con la autonomía, es porque el actual régimen le puso un enorme candado en la Ley Marco, al cercenar las competencias exclusivas del nivel departamental, crear autonomías paralelas que nadie las pidió y que nunca funcionaron. (Autonomía regional y autonomía indígena).

Además,  es necesario puntualizar que, desde el centralismo se planificó y ejecutó un maquiavélico plan para desarticular la autonomía y perseguir política y judicialmente a los autonomistas. Por la autonomía, que ahora forma parte de la teoría constitucional y que se aplica modestamente en los gobiernos departamentales, hay perseguidos, enjuiciados, exiliados y muertos.

Más allá de la ejecución extrajudicial ocurrida en el hotel Las Américas y el montaje del caso Terrorismo que se armó para detener la autonomía, no hay que olvidar a los auténticos mártires, asesinados por defender la justa demanda autonómica: el unionista Edson Ruiz y el profesor de Portachuelo Pedro López.

Hace 30 años, Santa Cruz había levantado las banderas de la autonomía municipal y, gracias a ese movimiento, ahora los alcaldes de todo el país se eligen por voto popular, se restablecieron los concejos municipales, convirtiendo las alcaldías en gobierno locales autónomos.

Con la autonomía departamental probablemente ocurra lo mismo. Tendrá que transcurrir varios años y regímenes, para que el proceso iniciado el 4 de mayo avance gradualmente y finalmente se haga una cabal interpretación de los hechos y sus logros, consonante con la justicia histórica y con las aspiraciones de quienes a viva voz gritamos: Autonomía Carajo.

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