Delmar
Méndez
Ex Asambleista Departamental
Hay
quienes cuestionan los logros de la autonomía y del Estatuto por los que Santa
Cruz se movilizó en sendos cabildos multitudinarios y un referéndum departamental. Se dice que no se logró nada, e incluso que
hasta hubo un retroceso.
Por
justicia histórica y consecuente con la verdad, es indispensable recordar que,
a partir del 4 de mayo de 2008, se inició desde Santa Cruz un proceso
autonomista basado en el Estatuto por el que se votó mayoritariamente (86 por
ciento).
La
autonomía que se estableció y aplicó, por incipiente denominada “al andar”, es
la autonomía que se desarrolló durante la vigencia a la República de Bolivia. El
Estado Plurinacional, había sido fecundado, pero todavía no había nacido. Esta
autonomía, a la cruceña, se fue haciendo nacional, pese a la resistencia de un
régimen autocrático y marcadamente centralista.
La
autonomía cruceña logró hacer que los prefectos, y luego el gobernador, sean
electos por voto popular y no designados por el centralismo, se creó una
Asamblea Departamental con potestad legislativa (impensable para aquel
momento), se aprobaron y ejecutaron importantes leyes verdaderamente
autonómicas, como la Redistribución de Regalías, siguiendo el modelo 50-40-10,
favoreciendo con ello los ingresos de las provincias y los pueblos indígenas;
la Ley de Diálogo que proyectó la gestión del departamento estableciendo
prioridades de desarrollo, la Ley del Desayuno y Almuerzo Escolar, obteniendo
rendimientos escolares extraordinarios con la erradicación de la deserción estudiantil,
entre otras.
Durante
la vigencia del Estatuto, la autonomía de Santa Cruz, recorrió toda la
geografía departamental, llevando progreso y mejorando la calidad de vida de
los habitantes, mediante la ejecución de 700 proyectos desarrollo económico y
social, sin la interferencia perniciosa y burocrática del centralismo.
Los
éxitos de la autonomía, tanto por los réditos en la gestión y administración
departamental, como por su eficiente modelo de organización del poder en la
estructura democrática nacional, fue asimilado en el sistema político
boliviano, lográndose que la autonomía cruceña, emulada del Estatuto del 4 de
mayo, sea incorporada en la Constitución Política del Estado.
Los
cabildos, el referéndum y toda la movilización por la autonomía, habían logrado
su objetivo: se nacionalizó y se constitucionalizó. La autonomía se impuso en
las urnas, se impuso a gritos de coraje a los pies del Cristo Redentor.
Finalmente,
la aceleración autonómica no fue la misma al correr el nuevo Estado. El
gobierno nacional, que se opuso tenazmente a la autonomía y hasta hizo campaña
en su contra, se apropió del discurso autonomista. Pero se la apropió para
aplicarla mal y tergiversarla. La Ley Marco de Autonomía, dejó en suspenso la
aplicación del Estatuto votado el 4 de mayo.
La
paradójica tarea que se estableció, y
aún queda pendiente, es adecuar un Estatuto, aprobado por el 86 por ciento de
la población, para adecuarlo a una Constitución rechazada por el 65 ciento de
los cruceños.
Si en algunos
círculos de opinión existe la sensación que “no se logró nada” con la
autonomía, es porque el actual régimen le puso un enorme candado en la Ley
Marco, al cercenar las competencias exclusivas del nivel departamental, crear
autonomías paralelas que nadie las pidió y que nunca funcionaron. (Autonomía regional
y autonomía indígena).
Además, es necesario puntualizar que, desde el
centralismo se planificó y ejecutó un maquiavélico plan para desarticular la
autonomía y perseguir política y judicialmente a los autonomistas. Por la
autonomía, que ahora forma parte de la teoría constitucional y que se aplica
modestamente en los gobiernos departamentales, hay perseguidos, enjuiciados,
exiliados y muertos.
Más
allá de la ejecución extrajudicial ocurrida en el hotel Las Américas y el
montaje del caso Terrorismo que se armó para detener la autonomía, no hay que
olvidar a los auténticos mártires, asesinados por defender la justa demanda
autonómica: el unionista Edson Ruiz y el profesor de Portachuelo Pedro López.
Hace
30 años, Santa Cruz había levantado las banderas de la autonomía municipal y,
gracias a ese movimiento, ahora los alcaldes de todo el país se eligen por voto
popular, se restablecieron los concejos municipales, convirtiendo las alcaldías
en gobierno locales autónomos.
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